¿Qué actitud hay que tener ante las leyes injustas?
Entendemos por leyes civiles injustas tanto las leyes que menoscaban substancialmente bienes y derechos que pertenecen al bien común político, tales como los derechos naturales de la persona, el orden público, la justicia, etc. como las leyes que privan de la necesaria tutela a esos bienes o derechos. Por lo tanto, son injustas no solamente las leyes que permiten al Estado atentar contra los derechos del hombre, sino también aquéllas por las que el Estado falta a su deber de prohibir y castigar razonable y proporcionalmente la violación de los derechos naturales de una persona por parte de otra o de otras.
La actitud que hay que tener ante las leyes moralmente injustas es un capítulo clásico de la teología moral católica y del iusnaturalismo cristiano. Sintéticamente se puede afirmar que esas leyes no obligan en conciencia; al contrario, existe la obligación moral de no seguir sus disposiciones normativas, de oponerse civilmente a ellas (incluso por medio de la objeción de conciencia), de no concederles el sufragio del propio voto y de no colaborar en su aplicación. Pero existe sobre todo el deber de usar de todos los medios lícitos para abrogarlas o, cuanto menos, reducir sus efectos negativos. Naturalmente, la actividad civil y política dirigida a reducir los efectos negativos de una ley injusta debe respetar los principios generales de la moral, es decir, no es lícito hacer el mal para conseguir el bien, ni es lícito cooperar formalmente con el mal.
No podemos olvidar que las acciones humanas, y en particular las actuaciones políticas, tienen un significado y un valor simbólicos muy importantes en la sociedad actual, que está edificada en buena parte sobre la comunicación generada por los mass media. Se hace necesario valorar qué tipo de influjo simbólico ejercerán nuestras acciones, para evitar dentro de lo posible cualquier forma de confusión y de escándalo.
Cuando un político o un grupo de políticos se proponen abrogar, total o parcialmente, una ley injusta, es de gran importancia que los interesados presenten su actuación de modo que su significado y alcance real resulte fácilmente comprensible para todos, por lo menos para todos los que quieren escuchar y entender. Lo que se hace no sólo debe ser bueno, sino que debe también aparecer como bueno ante los espectadores de buena voluntad. Se evitarán por tanto mensajes ambiguos o equívocos. Ello significa que a la misión de luchar lealmente contra los adversarios políticos, hay que añadir el practicar una estrategia comunicativa comprensible para los favorables a nuestros postulados.
El ideal que los ciudadanos y los políticos de recta conciencia deben perseguir es que el ordenamiento jurídico-político de la propia patria sea justo en su totalidad, y no sólo menos injusto de lo que podría ser. Este es también el objeto de su responsabilidad moral, y aunque la responsabilidad de los legisladores sea más inmediata, no ha de ser menor la de los partidos políticos y la de los medios de comunicación social, ya que éstos contribuyen a la formación de la opinión pública y de la voluntad política acerca de los problemas que serán después objeto de la acción legislativa del Estado.
En definitiva, todos (legisladores, partidos políticos, mass media, ciudadanos) pueden y deben contribuir, de diversas formas y mediante diversos canales, a hacer que el ordenamiento jurídico de la propia patria sea justo en su totalidad. Y uno de los modos de contribuir a la corrección ético-política del ordenamiento jurídico es la oposición activa y sin complejos a las leyes injustas para tratar de abrogarlas por todos los medios legítimos, justos, posibles y moralmente lícitos.
Fuente: analisisdigital.com | Autor: Dr. Luis Sánchez de Movellán de la Riva | Fecha: 20/09/07
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