Nota de la asamblea de los obispos del sur de
España sobre el nuevo estatuto de autonomía de la
comunidad andaluza
1. Al concluir nuestra CIV
Asamblea Ordinaria, los Obispos de las diez diócesis
andaluzas queremos expresar nuestra preocupación por las
consecuencias que pudiera tener para la vida y para el futuro de las
personas y las familias andaluzas la reforma del Estatuto de Autonomía,
recientemente aprobada por el Parlamento Andaluz, en los
términos en que dicha reforma está planteada
(BOPA, n. 430, 4 de mayo del 2006). Se trata de reformar la norma
emanada de la Constitución de 1978, que ordena la
convivencia de todos los andaluces dentro de la Nación
Española. Precisamente porque se trata de la reforma de una
norma de indudable trascendencia para los ciudadanos de
Andalucía y su relación con los del resto de
España, hubiera sido necesario que esta reforma respondiera,
tanto a un deseo colectivo de los andaluces, como a un amplio consenso
de las fuerzas políticas para llevarla a cabo. Igualmente,
un texto de este alcance tendría que ser muy sensible a los
aspectos de solidaridad social entre los españoles que
inevitablemente están implicados en él. Hubiera
sido muy conveniente un debate más sosegado, sereno y plural
que propiciara el nivel de consenso que se alcanzó durante
la transición. Ante la ausencia de estas condiciones,
nuestra preocupación es comprensible.
2. Junto a la falta de consenso y de debate social sobre la
reforma, el texto que ha sido aprobado por el Parlamento
Andaluz adolece de graves deficiencias en su articulado. Nos preocupa
de forma particular su carácter fuertemente
intervencionista, que no respeta el “principio de
subsidiariedad”, propio de una sociedad participativa. Este
principio fundamental en la Doctrina social de la Iglesia, recordado
por Benedicto XVI en el Ángelus del 30 de abril de 2005, es
necesario para que la Administración del Estado no ahogue
las iniciativas de alcance público de los cuerpos
intermedios de la sociedad civil. Cuando no se respeta este principio
fundamental, la sociedad se ve abocada al totalitarismo estatalista de
las Administraciones públicas.
3. Por lo que se refiere a la declaración de derechos y
deberes, aunque no es nuestro cometido pronunciarnos sobre la
pertinencia jurídica de que esta declaración
forme parte de un Estatuto de autonomía, puesto que una tal
declaración es parte sustancial de la
Constitución, sí que nos vemos obligados a
observar que algunos de los artículos del Estatuto son
objeto de honda preocupación..
4. El texto aprobado puede servir para dar protección
jurídica a atentados muy graves contra la vida humana desde
su concepción a su acabamiento natural. Tampoco protege de
modo adecuado a la familia, y desvirtúa la realidad natural
y genuina del matrimonio, al equiparar con él otro tipo de
uniones. Esta equiparación al matrimonio de uniones que no
lo son es contraria a la razón y tiene gravísimas
consecuencias, pues destruye el entramado natural del tejido social. Es
también contraria a la revelación de Cristo,
amplia y manifiestamente aceptada por sectores muy amplios de nuestro
pueblo.
5. En el campo de la educación, el protagonismo que el
Estatuto concede a la Administración, y a la escuela de
titularidad estatal, puede resultar excluyente de cualquier otra
iniciativa, y puede también someter la educación
de iniciativa social financiada por la Administración a
condiciones, orientaciones y normas que la pondrían
gravemente en peligro. Con ello se atentaría contra una de
las libertades fundamentales de la persona y de la sociedad.
6. La definición de la enseñanza
pública como una enseñanza laica puede conducir
de hecho a no respetar de modo adecuado los derechos que asisten a los
ciudadanos, no sólo a tener creencias y convicciones, sino a
la práctica de la religión de forma
pública tanto como privada. La educación escolar
en este sentido podría convertirse en un instrumento contra
la libertad de pensamiento y de expresión, y en definitiva
contra la libertad religiosa, al sofocar la vivencia y la
expresión religiosa de los escolares, de la cual son
exclusivamente responsables los padres.
7. Por otra parte, aun reconociendo la importante ayuda de la
Administración pública a la
conservación del patrimonio histórico y
artístico de la Iglesia, nos preocupa que en el nuevo
Estatuto no se respete adecuadamente la libertad de la Iglesia para
gestionar ese patrimonio, de específica finalidad religiosa
y social, que, aun con limitaciones, la Iglesia ha conservado y
transmitido durante generaciones.
8. Finalmente, sin dar lugar a una lectura política
partidista, no queremos dejar de manifestar que la redacción
del Preámbulo del Estatuto reformado suscita en nosotros
honda preocupación. La definición de
Andalucía como realidad nacional relativiza un bien moral
indudable como es la unidad históricamente lograda de
España como nación durante siglos. Esta unidad,
reconocida por la Constitución de 1978, ha entrelazado en
forma tal los bienes materiales y espirituales de todos los
españoles y su recíproca dependencia, que su
debilitamiento o quiebra pudiera conducir a un daño de
consecuencias imprevisibles irresponsablemente infligido al bien
común, al cual debe supeditarse cualquier ordenamiento
jurídico.
9. Por todo esto, aun reconociendo cuanto de bueno pueda suponer la
reforma del Estatuto en orden a acrecentar la participación
ciudadana en la vida pública, hacemos un llamamiento a todos
los católicos andaluces recordándoles la
obligación moral que tienen de dar testimonio de su fe,
oponiéndose a cualquier intento de legislación
contrario a los derechos fundamentales de la persona y de los grupos
sociales tal como son declarados y defendidos por la doctrina social de
la Iglesia.
10. Cada uno desde la vocación a la que ha sido llamado y
todos, como Iglesia, y al mismo tiempo como miembros de la sociedad
civil de Andalucía y de España, hemos de
sentirnos legitimados para intervenir en el debate social. Todos hemos
de reflexionar con libertad a la luz del Evangelio,
sirviéndonos para ello de los cauces legítimos
previstos en el ordenamiento jurídico, a fin de lograr que
la norma que ha de regir la sociedad andaluza responda sin imposiciones
al sentir de los ciudadanos.
11. Los Obispos de las Diócesis de Andalucía
esperamos que la reforma del Estatuto sirva para que en nuestra
Comunidad Autónoma se tutele adecuadamente la dignidad de
cada persona, se garantice efectivamente la libertad de los diferentes
grupos sociales y se creen los instrumentos adecuados para
resolver las necesidades reales de nuestro pueblo y de cuantos llegan
hasta nosotros buscando un tenor de vida más acorde con su
propia dignidad.
Fuente: odisur.com | Fecha:
18/05/06
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