Persecución religiosa y guerra civil:
la Iglesia en Madrid, 1936-1939 (Ed. Esfera de los libros)
Cuando en el año
1977 el Gobierno de
la Monarquía recién reinstaurada en
España hizo
promulgar por las Co rtes
una Ley de Amnistía aplicable a todos
los delitos cometidos con anterioridad a una fecha determinada, la
Iglesia recuperó una libertad que, si bien nunca la
había
perdido jurídicamente, no puede ponerse en duda, sin
embargo,
que hasta entonces la tenía moralmente hipotecada. La verdad
es
que, de acuerdo con la legislación vigente entonces, todos
los
delitos prescribían, como mucho, a los treinta
años de su
comisión, por lo que, habiendo concluido en 1939 la guerra
civil, ya a partir de 1969 no se podía castigar penalmente
ningún acto, por grave que fuera, que hubiera sido cometido
durante la misma.
Por ello, la
amnistía promulgada sobre estos
hechos fue más simbólica que eficaz, aunque no
así
sobre otros delitos posteriores a la persecución religiosa;
de
modo que, a partir de entonces, no podía ya caber la menor
sospecha de que, al investigar la realidad histórica de lo
que
fue la persecución a la que estuvieron sometidos tantos de
los
miembros de la Iglesia, de su laicado y de su jerarquía, en
las
distintas zonas de España -y, entre ellas, en la antigua
diócesis de Madrid- Alcalá- que se mantuvieron
leales al
Gobierno del Frente Popular durante la guerra -y bajo la
situación de verdadera y propia anarquía que
allí
se vivió-, la Iglesia pudiera tener otra finalidad
encubierta
distinta de la de querer honrar como a verdaderos mártires
de la
fe a quienes, efectivamente, lo hubieran sido durante aquel
período.
Nada tiene que ver esta investigación histórica,
hecha
desde dentro de la Iglesia, sobre aquellos hechos, por una parte
aciagos, y gloriosos por otra, con un intento inconfesable y bastardo
de venganza o de revancha. Es indiscutible que, si hubo
persecución, necesariamente tuvo que haber perseguidores; si
hubo asesinatos, tuvo que haber asesinos, pero es esta una historia de
víctimas, en la que, sólo de
paso, y para montar el relato imprescindible de los hechos, se hace
mención de los verdugos.
No nos interesa tanto,
así, la identificación de los
culpables de los hechos, ni buscamos la persecución ni,
mucho
menos, el castigo -ni aun impuesto con todas las garantías
judiciales y procesales, en el mejor de los casos- de los culpables que
hubiera (muchos de ellos, aunque no todos, ya fallecidos; y, tantos, no
sólo perdonados en el momento de su muerte por sus propias
víctimas, sino incluso reconciliados después, aun
sacramentalmente, con la Iglesia) -e, indiscutiblemente, todos ellos
amnistiados en España a partir del año 1977-:
buscamos
tan sólo hacerles justicia a las víctimas,
mediante el
reconocimiento de su heroicidad en la muerte y el martirio.
Contrasta así, como no puede ser menos, nuestro
planteamiento
con el que se admite como ampliamente difundido en nuestra
civilización y nuestra cultura actual, cuando de enjuiciar
hechos en sí semejantes se trata, aunque su cariz sea
distinto
tan sólo en lo que a lo político se refiere, y
que,
cronológicamente, fueron casi inmediatamente sucesivos a la
persecución de la Iglesia católica en
España. En
enero del año 2000 se celebraba en Estocolmo una Conferencia
Internacional sobre el Holocausto del Pueblo Judío bajo el
III
Reich alemán, y en la referencia publicada por la prensa
sobre
el acto de su clausura se informaba sobre el documento aprobado por la
unanimidad de los representantes de los cuarenta y siete estados que
asistieron, que además del compromiso inicial de no olvidar
jamás los
horrores del Holocausto y aumentar la comprensión colectiva,
lanza un desafío a la civilización, para que
nunca olvide
ese deleznable crimen contra la Humanidad, «planeado y
ejecutado
por los nazis».
Admitiendo, como no puede ser
menos, que el hecho de cualquier
asesinato, singular o masivo, es un «deleznable crimen contra
la
Humanidad», resulta evidente el carácter
discriminatorio
del planteamiento, cuando nunca se puede olvidar el delito si fue
planeado y ejecutado por los nazis y, en cambio, sea socialmente
sepultado en el olvido cuando fue ejecutado por otro poder de signo
políticamente opuesto; que no pueda ser olvidado si el
motivo
del asesinato masivo fue que las víctimas
pertenecían a
la raza judía, y deba ser tratado con mayor indulgencia,
olvidado y justificado -si no puede negarse el hecho, por mucho que se
intente-, en cambio, si la motivación de su muerte violenta
fue
que profesaban públicamente la religión
católica.
Dicho con palabras del papa Juan Pablo II -que se refería
directamente a las víctimas inocentes inmoladas por el
nazismo-,
nosotros también deseamos recordar. Pero deseamos recordar
con un objetivo,
específicamente: con el de garantizar que la maldad
jamás
prevalecerá de nuevo, como lo hizo en el caso de los
millones de
víctimas inocentes.
Si bien es cierto que la
Iglesia, con su proverbial ponderación y prudencia,
resistió durante muchos años a las presiones de
quienes
llegaron a pedir una canonización en masa de las
víctimas
de la persecución religiosa, no es menos cierto que
sería injusto prolongar indefinidamente
esta situación. Y tanto más injusto
sería si no se
tratara, únicamente, de dejar ahora en el olvido unos hechos
documentados, históricamente ciertos y reales, que, a la
espera
del definitivo pronunciamiento oficial de la suprema
jerarquía
de la Iglesia sobre ellos, a muchos, desde la fe y la vida cristiana,
podrán parecernos ejemplares y heroicos; sino que si desde
la
misma Iglesia calláramos, ocultando, ignorando -o, peor
aún, negando- los resultados de una investigación
objetivamente histórica sobre los mismos, nos
haríamos
cómplices en la tergiversación de la verdad
histórica, por los tópicos de lo que, ahora,
podríamos llamar la «historiografía de
los
derrotados»: se hace preciso estudiar la historia,
prefiriendo
los datos objetivos antes que las opiniones subjetivas que se puedan
haber creado interesadamente en un momento cronológicamente
posterior. Y ésta es una labor que, por lo que se refiere a
la
tragedia histórica padecida por España entre los
años 1936 a 1939 (con todos sus antecedentes, sin los que no
sería comprensible, y con todas sus consecuencias
posteriores,
que sin ellas no serían explicables), está, en
gran
parte, por empezar a desbrozarse.
No parece, pues, que sea coherente con una mediana objetividad
histórica la actitud de quienes, aun ahora, siguen
manifestando
que fueron muchos los responsables de la tensión creciente
que
desembocó en la guerra de los tres años. Pero si
entre
tantos culpables recordamos ahora la responsabilidad
específica
de la Iglesia española es porque los sucesivas [sic] lotes
de
beatificaciones de los supuestos mártires de la Guerra Civil
proclamadas por Juan Pablo II [...] se apartan de la generosa actitud
de este Papa pidiendo perdón por tantos y tantos errores
cometidos por la Iglesia católica en el pasado, y
también
se oponen al esfuerzo que desde todos los sectores debería
hacerse para reconocer las propias culpas, en vez de sólo
acusar
a los demás.
Quizá nos resulte gratuita la acusación formulada
por
este autor de «sólo acusar a los
demás»,
cuando de ninguno de los procesos canónicos ya culminados ha
surgido hasta ahora ni una sola acusación penal contra
ninguno
de los inevitables -y conocidos- causantes de las muertes martiriales
(algunos de los cuales, a su avanzada edad, siguen conviviendo entre
nosotros); ni ha trascendido noticia alguna de que de alguno de los
procesos de canonización en tramitación actual se
derive
ninguna acusación semejante; ni, desde luego, de este
estudio se
puede deducir acusación de ningún
género a partir
de ninguno de los casos que estudiamos. Sí nos resulta
peregrina, en cambio, su pretensión de que, para mantenerse
en
la actitud, sin duda alguna generosa, mantenida por el Papa, sea
necesario renegar de la verdad de la historia y de los hechos.
Fue al ir a cumplirse los cincuenta años del comienzo de la
guerra civil española cuando la Comisión
Permanente de la
Conferencia Episcopal publicó una Instrucción
Pastoral,
en la que, entre otros extremos, se leía que la
misión
pacificadora de la Iglesia nos mueve a decir una palabra de paz con
ocasión de este aniversario. Tanto más cuanto que
las
motivaciones religiosas estuvieron presentes en la división
y
enfrentamiento de los españoles.
No sería bueno que la guerra civil se convirtiera en un
asunto
del que no se pueda hablar con libertad y objetividad. Los
españoles necesitamos saber con serenidad lo que
verdaderamente
ocurrió en aquellos años de amargo recuerdo. Los
estudiosos de la historia y de la sociedad tienen que ayudarnos a
conocer la verdad entera acerca de los precedentes, las causas, los
contenidos y las consecuencias de aquel enfrentamiento. Este
conocimiento de la realidad es condición indispensable para
que
podamos superarla de verdad. Por ello hay que desautorizar los intentos
de desfigurar aquellos hechos, omitiendo o aumentando cualquiera de sus
elementos en favor de una posición determinada o en contra
de
personas, ideologías o instituciones.
Y esta actitud de búsqueda de la mayor objetividad en el
recuerdo de la historia no es exclusiva de la jerarquía de
la
Iglesia. Han pasado ya los tiempos en que referirse a la guerra civil
era
reabrir heridas dolorosas. Es el momento de conocer la historia, y para
ello los testimonios de los contemporáneos del
acontecimiento
son muy útiles.
Y, por si acaso hubiere alguna sospecha del carácter
más
o menos interesado que pudiera tener en sus manifestaciones ahora
alguno de los testigos supervivientes, no podemos olvidar el gran valor
que para el estudio de la historia tienen, como el mejor de los
contemporáneos, los documentos que han podido ser hallados:
estando abiertos siempre por nuestra parte, eso sí, a
modificar
nuestras conclusiones en el caso de que se llegara a encontrar una
documentación aún más completa.
(…)
Fuente: esferalibros.com
|
Autor: José Francisco Guijarro
| Fecha:
28/05/06
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