La Iglesia y los símbolos de la
democracia
El oráculo del
desgobierno, el
diario El País, ha anunciado, con grandes alardes
tipográficos, que en la nueva ley de memoria histórica
el
gobierno va a pedir a la Iglesia la eliminación de los
símbolos franquistas en los templos y lugres de culto. Una
vez
más, los socialistas radicalizados quieren arrojar a la cara
de
la Iglesia un historia manipulada y manipuladora.
El mensaje subyacente es claro: la identificación entre
Iglesia
y franquismo es una de las claves de nuestro reciente pasado. El
franquismo supuso la ruptura con una tradición de progreso y
democracia, un proyecto de modernización, de talante
público –la II República– y
la Iglesia es hoy
la única institución vigente que legitima y
permanece en
la obstinación de la ruptura del progreso. Al fin y al cabo,
nada nuevo bajo el sol. Lo que el gobierno, incitado y excitado por sus
socios radicales, está haciendo no es recuperar la memoria,
sino
recuperar los odios fraticidas.
Mientras la modernidad tuvo una obsesión permanente,
manipular
la historia, la postmodernidad se ha entregado a la
manipulación
de la naturaleza. Vivimos en el primer período de la
humanidad
en el que el poder político incide, decisivamente, en la
naturaleza, interviene en ella, actúa sobre ella, la
manipulada
a ciencia y a conciencia. La característica definitoria del
gobierno de Rodríguez Zapatero es no sólo que
está
en la más desacreditada modernidad
–obsesión por la
historia– sino que se ha entregada a la más
despreciable
postmodernidad –destrucción de la naturaleza
dada–
en su afán por estar a la cabeza del progreso de la
transformación radical y redefinición de lo
humano
–legislación sobre el matrimonio, la familia, la
vida–.
Durante los primeros años del siglo XX, el laicismo operante
actuaba en un frente, a lo sumo en dos. Hoy los ataques disolventes de
lo humano y de lo cristiano se perciben desde una estrategia global, en
varios frentes y de muy variadas formas, modos y estilos. Estamos
asistiendo a una agresiva sustitución moral frente a una
adormecida conciencia social. La pretensión
sistemática
de remover el pasado, la nocturnidad y alevosía estival de
confundir a la opinión pública con leyes de
memoria, es
una maniobra política para que olvidemos los verdaderos
problemas.
La política sobre la historia del gobierno respecto a la
Iglesia
se basa en una serie de lapsus imperdonables. Olvidan a los
mártires de la persecución religiosa, la
destrucción de Iglesia y conventos, la saña
anticlerical
y antieclesial, la ideología marxista subyacente en el
proyecto
de no pocos de los que tuvieron en sus manos el gobierno de la II
República. Pero también olvidan –y eso
es lo
más importante– el papel de la Iglesia en la
consolidación y desarrollo de la reciente democracia. Por
más que se empeñen los socialistas radicales, la
Iglesia
hoy no tiene más símbolos que los del Evangelio,
que es
constructor de humanidad, de bien común, de democracia.
Mientras
el gobierno socialista se empeña en recuperar los
símbolos laicistas, y en hacerlos visibles, la Iglesia
campea
por el respeto y la comprensión de y con la historia.
No se puede reivindicar la II República y la memoria de las
víctimas de un bando en la Guerra civil sin tener en cuenta
que
llevamos treinta años de democracia y que ha existido una
Transición que aceptó una serie de convenciones y
convicciones sobre cuál sería el papel de la
historia
reciente en la construcción de la sociedad civil. El
arzobispo
de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián, ha
recordado en
una reciente entrevista que "la influencia que el cardenal
Tarancón y los obispos que trabajaban con él para
orientar la vida de la Iglesia y sobre todo, las actitudes sociales de
los católicos según las enseñanzas del
Concilio
Vaticano II, fueron decisivas para que grandes sectores de los
católicos españoles aceptaran la democracia,
aceptaran la
renuncia de una manera habitual de ver las cosas e hicieran el esfuerzo
generoso de acomodarse a unos esquemas nuevos de vida y a un estilo,
nuevo también, de presencia y de acción de la
Iglesia en
la sociedad y en la vida pública. La Iglesia
española,
por fidelidad a sí misma y por servicio al bien de
España, renunció a su estatuto
jurídico,
presuntamente de privilegio (porque también tenía
muchas
servidumbres) y entró muy decidida y sinceramente en el
nuevo
estatuto de Iglesia libre en un Estado libre, contando exclusivamente
con el ámbito de las libertades civiles para ejercer su
propia
misión, sin ningún especial apoyo o privilegio,
acomodándose a los espacios de libertad de una sociedad
democrática para desarrollar su vida y anunciar el
Evangelio".
Palabras que bien pudieran
alentar una ley de agradecimiento
histórico a la Iglesia y de memoria de quien ha contribuido,
decisivamente, a la democracia.
Fuente: iglesia.libertaddigital.com
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Autor: José Francisco Serrano Oceja
| Fecha:
26/07/06
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