Aprendiz de hombre
Apenas recuerdo su contenido,
pero no se me ha borrado de la memoria el título memorable:
“Aprendiz de hombre”. Era un texto de la
Formación del Espíritu Nacional del viejo
bachillerato. Acaso resuma el ideal de toda educación. No se
es hombre; se aprende a serlo. Me ha venido a la memoria pensando en la
asignatura de Educación para la Ciudadanía que se
ha inventado el legislador. Soy escéptico; no creo que sea
necesaria. Hay cosas que no son objeto de una asignatura
específica sino de todas. La mejor pedagogía es
la ejemplaridad. Tampoco soy hostil a ella. Puede ser una oportunidad,
pero también una amenaza. Una oportunidad, si se acierta a
concitar el concurso de la mayoría de la sociedad y se evita
el sectarismo. Una amenaza, si se sucumbe al adoctrinamiento
partidista. Me temo esto último.
Partimos quizá de una radical equivocación. No
existe un derecho del Estado a educar. El titular del derecho a la
educación es la persona, toda persona. En el caso del menor,
son los padres los titulares, en representación de sus
hijos, de ese derecho a la educación. Al Estado
sólo le compete la garantía del ejercicio de ese
derecho, no su administración. Ni el Gobierno ni la
mayoría parlamentaria son competentes para impartir la
educación ni para inocular su ideología en las
conciencias infantiles. La familia es la genuina institución
educadora. Las demás lo son por delegación y de
forma vicaria. Son ellas, las familias, las que deben decidir la
educación que han de recibir sus hijos sin más
límite que los principios del orden público y el
respeto a los valores básicos sobre los que se asienta la
sociedad. Incluso pueden, legítimamente, criticarlos y
corregirlos. En caso contrario, se impedirían la
crítica y el progreso social.
A partir de esto, cabe plantear el lugar de la religión en
la educación. No es correcto distinguir entre una
educación pública y privada. Toda
educación es pública. Existen, eso sí,
centros docentes de titularidad pública y privada. La
presencia de la religión en la escuela debe armonizar dos
principios: la libertad religiosa y el derecho de los padres a elegir
la educación de sus hijos. Y ello presidido por el principio
de la aconfesionalidad, que no laicismo radical, del Estado.
Así, la solución resulta fácil, y va
mucho más allá de la cuestión de la
asignatura de Religión en la escuela pública
(mejor, estatal, autonómica o municipal).
Los padres tienen derecho, en condiciones de estricta igualdad, a que
sus hijos reciban una educación basada en los principios de
una determinada concepción del mundo, religiosa o no. En
cualquier caso, la religión es una dimensión
esencial de la cultura que no puede quedar al margen del proceso
educativo, ya sea bajo la forma de una educación basada en
una confesión religiosa, ya sea bajo una presidida por el
agnosticismo. No se trata, pues, de una mera reivindicación
culturalista de la enseñanza del cristianismo. Es evidente
que sin el cristianismo es ininteligible la historia de la
civilización europea y, en general, la historia universal.
Pero las razones a favor de la enseñanza religiosa van mucho
más allá de estos obvios argumentos culturales.
No se trata de enseñar el cristianismo para que los alumnos
entiendan las obras de arte, la historia o la filosofía. Se
trata de garantizar el derecho de los padres que así lo
deseen a que sus hijos sean educados en los principios de la
religión cristiana (y de cualquier otra y de ninguna).
En este sentido, el debate sobre la asignatura de Religión,
con ser importante, se antoja cuestión menor.
Así, no se reivindica una hora de Religión a la
semana, sino el respeto al derecho de los padres a decidir la
educación de sus hijos. En cualquier caso, la
regulación mejor de la asignatura de Religión y
sus alternativas fue la que establecía la ley aprobada por
el Gobierno del Partido Popular y que no llegó a entrar en
vigor por el cambio de Gobierno.
No hay mayoría parlamentaria que pueda
legítimamente imponer lo que han de aprender en el orden
moral todos los alumnos. Para decirlo con contundente claridad: el
Gobierno podrá, y aún esto es más que
dudoso, imponer por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo
sexo, pero lo que no puede es impedir que quienes así lo
estimen conveniente eduquen a sus hijos en los principios de la familia
que se sustenta en el reconocimiento exclusivo del matrimonio
contraído entre un hombre y una mujer con la finalidad de
tener hijos (algo que no puede hacer una pareja del mismo sexo) y
educarlos.
El Estado no tiene derecho a dictar cómo se aprende a ser
hombre y cuáles son los fines de la existencia humana.
Pretender otra cosa es deslizarse por la vía que conduce al
totalitarismo. El Estado democrático se sustenta en la
opinión pública. La educación consiste
en el proceso de formación humana que determinará
el contenido de esa opinión pública. .
Fuente: negocios.com
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Autor: Ignacio Sánchez Cámara
| Fecha:
17/07/06
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