Para el curso 2005-2006: diecisiete veces LOGSE
El
Consejo de Ministros del 22 de julio aprobó el proyecto de Ley
Orgánica de Educación. Quiero pensar
que se ha elegido la
fecha para hacerlo por casualidad, pero la experiencia lleva a creer
que es por miedo a la opinión pública. El texto
que se
supone que sustituirá a la LOGSE
socialista (tres lustros ya: 3 de octubre de 1990) y a sus
bienintencionados pero torpes e insuficientes parches ha sido
presentado, tras muchos globos–sonda y cortinas de humo, en
plenas vacaciones de verano.
Dos ministras, la vicepresidenta Fernández de la Vega y la
responsable de la operación, María
Jesús
Sansegundo, han coincidido en afirmar que el proyecto se basa en "lo
mejor de las leyes anteriores" y que es el fruto de un largo proceso de
consultas con todas las partes implicadas en la educación,
autonomías, centros, sindicatos, padres y alumnos, por
ejemplo.
La ventaja de la libertad de expresión es que cada uno puede
contar las cosas según su opinión, y los actuales
gestores del poder en la nación pueden intentar que
aceptemos
que esta Ley es fruto del consenso, del pacto, de la
negociación
y del talante. Pero no es así: muchos de los afectados por
el
proyecto no han sido consultados, y otros, sencillamente, no han sido
escuchados. Todos estamos, sin embargo, de vacaciones, y nos la
encontraremos en las Cortes en otoño.
La Ley
mantiene en vigor la filosofía básica de la
LOGSE, y
conserva en vigor la LODE de Maravall. Han pasado sin embargo veinte
años de la primera intervención del PSOE en
profundidad
en la educación de los españoles, y ya se pueden
sacar
conclusiones bastante sólidas. Son ya muchas las promociones
de
alumnos que han pasado por nuestras aulas con los principios LOGSE en
vigor, y los resultados están llegando ya al mercado de
trabajo
y a la sociedad adulta. ¿Es tan buena la LOGSE como para que
la
LOE mantenga sin cambios su esencia?
Fernández de la Vega afirmó que se garantiza "la
igualdad
de todos los españoles en la educación,
respetando las
competencias de las comunidades", que se promueve "la
participación de alumnos, profesores y comunidad educativa
en
los procesos de decisión" al tiempo que se valora el
esfuerzo y
el estudio, que se "refuerza" la libertad de los padres para elegir la
educación de sus hijos pero que la cuestión de la
religión se resolverá conforme a principios
laicos. Se
dice la enseñanza será gratuita desde los 3
años y
que se incrementará la calidad, la enseñanza de
idiomas
extranjeros y de nuevas tecnologías. Se dice que no
habrá
promoción automática, pero se establece un
límite
a los cursos que se pueden repetir, y sólo se
repetirá
con más de tres asignaturas suspendidas. Una
contradicción sobre otra.
La LOE va a reproducir los cuellos de
botella esenciales de la LOGSE.
En los Centros va a haber cada vez menos directores con autoridad, ya
que el peso de los claustros asamblearios, de las no menos complejas
representaciones familiares y de los sindicatos no disminuye en
absoluto. La atención a la diversidad se va a seguir
tratando
como si el problema estuviese en los medios materiales, cuando
realmente está en la idea-fuerza de la LOGSE de la igualdad
obligatoria entre unos alumnos que siguen siendo, afortunadamente,
desiguales en capacidades, hábitos, medios y
motivación.
La gratuidad de los 3 a los 18 y la obligatoriedad de los 6 a los 16 no
ocultan la contradicción de unir en las mismas aulas y
planes de
estudio a personas con metas muy diferentes en sus vidas, y por tanto
con necesidades divergentes. ¿Desde cuándo no
pisan estas
señoras un Instituto?
Todo esto es LOGSE, y se anuncia por ello un curso complicado. No
sabemos aún si será sólo un
"otoño
caliente" o algo más, pero los motivos de conflicto son
muchos
–tantos como puntos inoperantes de la vieja Ley se mantengan-
y
es preciso afrontarlo con ideas claras. Al menos en dos aspectos, para
empezar.
En el ámbito católico, por ejemplo, conviene
distinguir a
tiempo lo esencial de lo pasajero. Que la asignatura de
religión
sea o no evaluable y tenga o no alternativa es sólo
relativamente importante. Juristas tiene la Iglesia para recordar las
obligaciones del Estado. Pero lo esencial es recordar a las autoridades
y defender sin concesiones que la enseñanza, como parte de
la
educación, es responsabilidad de la familia, y que el Estado
sólo actúa en esto subsidiariamente. En palabras
de
Benedicto XVI, la función de la escuela "está
ligada a la
familia como natural prolongación de la tarea formativa de
ésta última". La libertad de enseñanza
está
en peligro en más de un sentido, y ahí hay uno de
los
grandes debates del curso que va a empezar.
Otro debate, equivalente en importancia, es el que va a referirse a la
igualdad de los españoles ante esta Ley. Las ataduras
ideológicas y parlamentarias de Zapatero y Sansegundo hacen
que
la LOE tenga diecisiete (o diecinueve, dependiendo de qué
suceda
con las competencias de Ceuta y Melilla) ámbitos de
aplicación. En la práctica, esto implica que cada
Comunidad Autónoma podrá matizar mucho la Ley. En
unos
casos esto será una mala noticia, cuando los dogmas de la
LOGSE
se apliquen sin considerar el daño que ya han hecho. En
otros
será aún peor, cuando los nacionalistas de
distinto signo
empleen su autonomía para la correspondiente
"construcción nacional" en la escuela. En muchos
será un
mal menor, cuando el PP suavice todo lo posible la entrada en vigor de
la Ley.
Nos alegramos, en fin, qué duda cabe, de que Navarra con su
foralidad tenga grandes posibilidades de esbozar su propia
política educativa; pero sería aún
más
positivo no ver España dividida en diecisiete
ámbitos de
aplicación de una Ley que antes de nacer ya ha hecho
daño
a toda una generación.
Fuente: elsemanaldigital.com
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Autor: Pascual Tamburri | Fecha: 04/09/05
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