El secretario de enseñanza de la CEE responde a un editorial de El País
Reproducimos, por su interés, una
carta al director publicada por el diario El País, escrita por
Modesto Romero Cid, Secretario de la Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal
Española.
Dicha carta, titulada “Religión con cambios”,
responde a un editorial de este diario del pasado viernes 7 de octubre,
titulado “Religión sin cambios”:
Religión y educación con cambios
Uno de los editoriales del diario EL PAÍS del 7 de octubre
vierte algunas afirmaciones acerca del proyecto de Ley Orgánica
de Educación que creo no responden a la realidad.
Permítame algunas aclaraciones al respecto.
-
En cuanto a los cauces ordinarios de relación con el
Gobierno, hay que decir que la comisión mixta Iglesia-Estado se
ha reunido una sola vez de manera puramente formal. El Gobierno no ha
dialogado ni dialoga con la Conferencia Episcopal sobre la LOE.
-
El gran problema no es sólo la enseñanza religiosa,
sino la educación y, por tanto, el proyecto de ley en su
conjunto en el cual se cercenan el derecho primario de los padres a la
educación de sus hijos y la misma libertad de enseñanza.
El Estado se erige como único titular originario del derecho a
la educación, quedando los padres y los centros educativos
reducidos a meros concesionarios de tal derecho. Se trata de una clara
estatalización contraria a la libertad de enseñanza.
- La enseñanza religiosa no queda como siempre, ni sobre ella
hubo pacto constitucional alguno. El proyecto de ley, ahora en el
Parlamento, ha eliminado incluso que la religión sea de oferta
obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos, e introduce
un gravísimo cambio unilateral en el estatuto laboral de los
profesores.
-
Por otra parte, el Gobierno de UCD estableció que la
enseñanza religiosa se impartiera como asignatura optativa y
evaluable, con la Ética como alternativa. Esta situación
fue aceptada por todos hasta 1990, cuando la LOGSE introduce
disposiciones discriminatorias para la religión. Nunca la
Conferencia Episcopal ha pretendido que la enseñanza de la
religión católica fuera obligatoria para todos, y, de
hecho, nunca ha sido.
Nadie verdaderamente interesado en la salud de la democracia
tendrá nada que objetar a que los padres defiendan sus derechos
a escoger el tipo de educación que prefieran y la
formación religiosa y moral que responda a sus convicciones con
todos los medios legítimos a su alcance.
Religión sin cambios
A los obispos españoles no les falta ocasión ni
ámbitos institucionales para exponer al Gobierno sus demandas y
opiniones en los asuntos que tienen que ver con "las relaciones de
cooperación" que el Estado debe mantener con la Iglesia
católica y demás confesiones religiosas según la
Constitución. Las comisiones mixtas Iglesia-Estado responden a
ese objetivo. Más discutible es que esos asuntos tengan que
solventarse en la calle, poniéndose al frente de manifestaciones
o avalando las que algunos grupos convocan contra determinadas
políticas sociales y educativas.
Lo que es exigible es que los hechos por los que se movilizan sean
ciertos y no falsas apreciaciones, como lo es que la Ley
Orgánica de Educación (LOE), en trámite
parlamentario, sea un ataque a la enseñanza de la
religión católica en la escuela pública. Sin
embargo, esa suposición, presentada como un atentado a un
derecho fundamental, está detrás de las manifestaciones
anunciadas para el mes próximo por la Confederación
Católica de Padres de Alumnos contra la reforma educativa del
Gobierno y que los obispos apoyan.
El hecho cierto es que la enseñanza de la religión
católica en la escuela pública no cambia y que se
impartirá como siempre desde los tiempos de los Gobiernos de
UCD, los del PSOE y también los del PP, según un sistema
que, con algunos retoques del Tribunal Supremo, ha sido considerado
compatible con el carácter no confesional del Estado: una
materia de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los
alumnos. Quienes quieran estudiar religión católica
podrán hacerlo, y los que no lo hagan tendrán la
opción de asistir a escuelas talleres, realizar actividades de
ocio o dedicarse al estudio. Se respeta, pues, el derecho de todos, y
explícitamente el de los padres a que sus hijos reciban una
educación religiosa y moral acorde con sus convicciones.
Lo que ha quedado en papel mojado son los cambios que introdujo en la
enseñanza religiosa la Ley de Calidad aprobada en el
último tramo de la anterior legislatura y que no llegaron a
ponerse en práctica: dos asignaturas, Religión
Católica y Hecho Religioso, de fuerte contenido doctrinal, que
los alumnos estaban obligados a elegir y que tenían un peso
similar a las matemáticas o la lengua a efectos de
repetición de curso y nota media. Cambios dudosamente
compatibles con un Estado aconfesional, que exceden del derecho de los
padres a la educación religiosa de sus hijos en la escuela
pública y que la actual mayoría parlamentaria considera
rupturistas con el delicado pacto constitucional mantenido hasta ahora
en la materia.
Fuente: agenciaveritas.com
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Autor: Modesto Romero Cid | Fecha: 12/10/05
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