Clamor popular

La manifestación de ayer (por el sábado) es un clamor popular en defensa de la familia que el Gobierno no puede, legítimamente, dejar de oír. La participación popular ha rebasado las expectativas más optimistas de los organizadores. La asistencia ha alcanzado al millón y medio de personas, muy por encima de la masiva realizada en contra de la negociación con ETA. Estamos quizá ante la mayor manifestación de la historia de la democracia, junto con la que suscitó el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Queda claro que para la inmensa mayoría de los españoles «la familia sí importa», y que se encuentra amenazada por la reforma legislativa emprendida por el Gobierno. Es un éxito sin paliativos de la convocatoria del Foro Español de la Familia. Cabe resaltar que se ha tratado de una iniciativa social, no política, que ha contado con el apoyo de organizaciones internacionales en defensa de la familia, de la Iglesia Católica española y del Partido Popular y de Unión Democrática de Cataluña, entre otras instituciones. Pero nadie puede apropiarse del éxito sino el conjunto de los españoles, la mayoría social. Es la voz de los ciudadanos en defensa de algo de lo que más les importa: la supervivencia del matrimonio y de la familia. Es el triunfo de los ciudadanos que no se resisten a ser manipulados ni privados de sus derechos fundamentales. Y todo ello en un ambiente festivo, de afirmación y de alegría, y sin incidentes ni agresiones verbales. La petición no ha podido ser más clara: que el Gobierno retire su reforma legal y que reconozca la realidad natural de que toda persona tiene un padre y una madre.

Las razones son muchas, profundas y conocidas. Es un movimiento ciudadano que no se dirige contra nadie, en especial contra los homosexuales, a los que no se niega ni su dignidad ni sus derechos, sino que sólo promueve los valores que residen en el matrimonio y la familia. El proyecto del Gobierno no sólo ignora realidades antropológicas, morales y sociales fundamentales, sino que, además, se ha sustanciado sin diálogo ni consenso, sin tener en cuenta la opinión de instituciones autorizadas, como el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión General de Codificación y las Reales Academias. Pero si repudiables son las formas, tanto o más lo es el contenido. Su inconstitucionalidad es patente, pues la Carta Magna reconoce el derecho a contraer matrimonio al hombre y la mujer, distinción que no se realiza cuando se trata del resto de los derechos. Lejos de extender el ámbito del disfrute del derecho a contraer matrimonio o a la adopción (sobre el que prevalece el derecho y el interés de los adoptados), se trata de la desintegración del matrimonio y de la familia en su sentido natural. Nada hay en este planteamiento contra el respeto que merecen los homosexuales ni contra el reconocimiento de los efectos civiles que susciten sus uniones estables de hecho. Lo que está en juego es la supervivencia de la familia. El matrimonio es la unión estable entre el hombre y la mujer, abierta a la procreación y a la educación de los hijos, y que aspira a realizar otros fines, como la ayuda mutua. Pero sin la apertura a la procreación (y, por tanto, menos aún, sin la posibilidad de ella), puede haber cualquier cosa pero no matrimonio (el contraído entre ancianos es un caso excepcional). No hay discriminación cuando no existe identidad de situaciones. Por el contrario, tratar de manera igual situaciones desiguales es injusticia. Los valores que realiza el matrimonio, especialmente la transmisión de la vida, no los puede realizar una unión entre personas del mismo sexo. La apoteosis contemporánea de los derechos no suele ir unida al recordatorio de los deberes. Si a esto se añade la agilización frenética de los trámites de divorcio, queda abierta la puerta a la desintegración familiar y, además, al abuso del Derecho. Por no hablar de la censura que se impondrá en los libros de texto escolares, obligados a defender la falsedad de que la unión entre personas del mismo sexo sea un matrimonio. La reforma del Gobierno, que va más allá de los precedentes de las legislaciones de sólo tres países (Bélgica, Holanda y Canadá), entraña una negación de lo que ha sido una institución fundamental, no sólo en el ámbito de la civilización occidental, sino en la historia toda de la Humanidad. Cuando el Derecho se aparta de la naturaleza de las cosas y acoge la transgresión del orden moral, se envilece y deja de serlo.

Ante estas razones y el intenso clamor ciudadano, el Gobierno ha permanecido sordo, firme en el error y renuente al diálogo, atendiendo sólo a la exhibición de un falso progresismo o sucumbiendo a las presiones de grupos minoritarios que carecen de genuina representatividad. También ha cometido un grave error político de cálculo. Acaso pensaba acogerse a los beneficios de la política de hechos consumados, creyendo que sólo habría una erupción crítica pasajera. Se ha equivocado gravemente. Quizá no esperaba una contestación social tan firme y enérgica. Creía acaso que la calle era territorio propio de la izquierda y no pensaba que, en una democracia, es de todos. Pero tocaba la fibra más íntima y sensible de las convicciones sociales. No estamos ante una cuestión religiosa, partidista ni ideológica, sino ante la defensa por parte de la mayoría de la sociedad de unos valores sobre los que se cimienta su concepción del mundo y aquello por lo que piensan que la vida merece ser vivida. No es sólo la Iglesia Católica la que, en el cumplimiento de su misión pastoral, se ha opuesto al desmán, sino las demás confesiones religiosas y la opinión de cientos de miles de ciudadanos que acaso carecen de fe, pero que no se resignan a la destrucción de la familia. De nada han servido, salvo para desprestigiar a sus promotores, las advertencias previas de colectivos que denunciaban posibles, e inexistentes, agresiones verbales a la dignidad y al respeto de los homosexuales, secundadas por la Fiscalía General del Estado, sumisa a los dictados gubernamentales. Advertencias, por cierto, inexistentes en el caso de otras convocatorias amparadas por la ideología del progresismo retrógrado. Absurdas han resultado las insinuaciones de que la manifestación, celebrada en Madrid,entrañaba una ruptura de la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas gallegas. Acaso aquí les ha traicionado su mala conciencia por los sucesos de la víspera de las elecciones generales del 14 de marzo de 2004.

También ha quedado en ridícula evidencia la actitud de emisoras y cadenas públicas de televisión que han querido poner sordina al clamor popular y no han querido ser testigos de la realidad, como exige la deontología profesional. La voz ha sido tan alta y tan justa que no podrán, sin sonrojo, acallarla. Y queda ahora la respuesta de un Gobierno que, con muy menguados títulos, dice profesar el respeto y la atención a la opinión de los ciudadanos. Ésta se ha expresado con masiva contundencia. Ahora se encuentra abocado a un dilema: o perseverar en el error y transitar hacia su ruina política, o reconocerlo y reabrir un proceso de negociación con la retirada previa de un proyecto que ha concitado el mayor rechazo popular de la democracia española. El Gobierno, que, cuando estaba en la oposición y en sus primeros días de ejercicio, tanto presumía de escuchar la voz de la calle, no puede persistir en la pretensión de que su reforma no va contra nadie sino a favor de una minoría postergada. Va contra la voluntad mayoritaria del pueblo español. Una manifestación no es por sí sola criterio de legitimidad democrática, pero un Gobierno que desprecia una opinión tan masiva y razonada se desliza por la ladera de la ilegitimidad y cava su tumba política.

Fuente: abc.es  |  Autor: Ignacio Sánchez Cámara  |  Fecha: 19/06/05