Varapalo del Consejo de Estado al
proyecto de la LOE
El Consejo de Estado -en la
línea
seguida por CONCAPA- ha reprochado, en un informe al Ministerio de
Educación sobre el anteproyecto de la LOE, la no
inclusión de temas fundamentales como el que no aparezca el
deber de estudiar, no mencionar el esfuerzo ni el mérito y
capacidad del alumno, no hablar de valores o no recoger y tratar de
corregir el fracaso escolar, de todos conocido tras la
publicación del Informe PISA y los pésimos
resultados de
nuestro país. A los consejeros les sorprende -entre otras
cosas-
que sólo se evalúe para Selectividad lo aprendido
en el
último curso de Bachillerato y la indefinición de
los
responsables de los contenidos de los programas de
diversificación curricular, así como la
imprevisión financiera.
El Consejo de Estado, además, lamenta que la Ley no recoja
un
Pacto de Estado sobre Educación, algo de lo que el
Ministerio
hubiera querido alardear -recordemos que criticaba a la ley anterior la
falta de consenso y que en esta Ley ha habido mucho menos consenso-, y
dice que "hubiera sido deseable mantener en vigor, con algunas
correcciones, la Ley de Calidad" anterior. Todo ello supone un varapalo
al anteproyecto de la Ley, que además se agrava con las
objeciones que cuatro ministerios (Medio Ambiente, Cultura,
Economía y Hacienda, y Trabajo y Asuntos Sociales) han
planteado
por diversos motivos.
Para CONCAPA sería una grave irresponsabilidad del Gobierno
no
tener en cuenta estos informes, aunque es algo a lo que ya nos tiene
acostumbrados, puesto que sólo toma lo que le interesa para
imponer su credo político. Un Gobierno responsable y
preocupado
por la formación integral de los alumnos debiera corregir de
nuevo el anteproyecto para dotarlo de calidad, equidad y libertad.
Un Gobierno que hace una Ley precipitada y mediocre, con rasgos que
pudieran ser inconstitucionales -es el caso del trato discriminatorio a
los centros concertados- no merece, efectivamente, tener
ningún
consenso.
La Ley, además de no presentar medidas para terminar con el
fracaso escolar -se echa de menos la exigencia y el esfuerzo- es
segregacionista, especialmente con los centros concertados,
además de conculcar el derecho de los padres a la libertad
de
elección de centro y a la libertad de enseñanza,
poniendo
en grave peligro a toda la educación en nuestro
país.
Un Gobierno que ha tenido la osadía y el atrevimiento de
suspender la aplicación de la ley anterior debiera haber
tenido
la responsabilidad de hacer una ley mejor, en lugar de emplear la misma
como arma política y no como instrumento al servicio de la
mejora de la educación de nuestros hijos.
Fuente: concapa.org | Fecha:
15/07/05
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